En los últimos tiempos observamos cómo la sociedad, dentro de sus cauces, avanza (más lentamente de lo que nos gustaría, sí) hacia un mundo más respetuoso con los animales, a la vez que concienciado con la necesidad de una convivencia pacífica entre seres humanos y los demás seres sintientes.

Recoger los excrementos del perro es obligación de cada responsable, sin embargo, no todos lo cumplen. En España, al no haber norma con rango de ley general que regule su prohibición y sanción, los excrementos caninos se consideran residuo urbano y por lo tanto compete a cada ayuntamiento su regulación.

Al ser competencia municipal nos podemos imaginar que existe mucha casuística. No recoger los excrementos en la vía pública está prohibido y sancionado por las Ordenanzas locales, y según el art. 140 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece los límites económicos de las sanciones por infracción de Ordenanzas locales, puede llegar a tener multas de hasta 3000 euros en caso de ser considerada infracción muy grave.

Por otra parte los excrementos en las vías y espacios públicos son un punto de fricción en las relaciones vecinales. Y lo son porque a nadie le gusta vivir en una ciudad sucia y maloliente o en un barrio insalubre. Por tal motivo es perfectamente razonable tener una reacción negativa y airada ante la visión de los excrementos abandonados. En algunos lugares existe una verdadera guerra de las cacas con vecinos enfrentados en una situación enquistada y hostil.

Pero hay que tener algo muy claro con respecto a esto. Lo que no es. Y lo que es.

Esto NO ES una guerra entre los que no les gustan los animales y los que sí. Pensar así además de simplificar el problema supone obviar la verdadera causa.

Este ES un tema de respeto y convivencia entre personas, que al fin y al cabo son las responsables de los animales que pasean con ellas. Hay personas que se preocupan y responsabilizan y a tal fin limpian y recogen esos excrementos, incluso procediendo a actuar sobre los restos con agua jabonosa o solución desinfectante que llevan a tal efecto, y las hay que no, que por lo que sea prefieren hacer como si eso no fuera con ellas.

Ante este problema algunos municipios han preferido incidir en la raíz y han apostado por la vía de la concienciación. A tal fin realizan campañas de sensibilización y concienciación con carteles, charlas, e incluso con presencia de la policía local en pipicanes, parques caninos y resto de sitios que se suelen frecuentar con animales.

Otros municipios, sin embargo, además de la vía anterior o de forma exclusiva, se han decantado por la vía de la punición, es decir, identificar la infracción en forma de excremento en la vía pública, procediendo a localizar al can y después a su responsable a efectos de imponer la correspondiente sanción.

Es en algunos de estos municipios donde está cobrando fuerza la idea de generar un nuevo registro de identificación de los animales de compañía, específicamente de ADN canino, complementario a los ya existentes como el microchip o el censo municipal, a efectos de asegurar la limpieza de las ciudades.

La teoría es: todos los responsables de perros del municipio deben permitir que se les tome a sus animales una muestra de contraste de ADN, que será analizado y registrado en una base de datos. Esa base de datos tendría censada e identificada a la totalidad de la población canina residente en el municipio. En el momento en que fuera localizado un excremento abandonado en un sitio indebido la policía local lo recogería y lo llevaría a analizar, contrastando el ADN que queda presente en él con el de la base de datos. Ello llevaría inequívocamente al can y, por tanto, a su responsable legal, que tendría que responder administrativamente por su omisión.

A priori parece una muy buena idea, pues supondría tanto como tener el código mágico para acabar con este problema en las ciudades.

Pero vamos a hacer un análisis estrictamente jurídico:

La Constitución Española, en sus artículos 137 y 140, reconoce y garantiza la autonomía de los Municipios, dotándolos de personalidad jurídica plena para la gestión de sus intereses. Por su parte, el artículo 4.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, señala que el municipio, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, ostenta, entre otras, la potestad reglamentaria, es decir, la capacidad de dictar normas jurídicas de carácter general y de valor subordinado a la Ley.

Esa potestad, como decimos, debe someterse a la Ley y a la Constitución, o existir una habilitación legal, por parte de una norma con rango de ley, para que un ayuntamiento pueda reglamentar sobre una determinada materia. Lo que en la práctica viene a suponer que deberá existir una ley sectorial, estatal o autonómica que permita al Municipio reglamentar sobre tal sistema de identificación.

No previendo la Ley 4/94 de la Generalitat Valenciana sobre Protección de los Animales de Compañía la posibilidad de desarrollar vía reglamento ningún sistema de identificación de animales de compañía distinto al de la identificación electrónica, entendemos como conclusión que la implantación de este sistema como obligatorio no puede ser objeto de regulación vía ordenanza municipal en la Comunidad Valenciana.

Podríamos hablar mucho más, sobre el coste que supone este método para los ciudadanos y para el erario público, de su efectividad, de que en los municipios donde se ha implantado (como Málaga o Zaragoza) apenas se ha conseguido llegar a un porcentaje ínfimo de perros censados. También podríamos hablar del interés comercial de algunas empresas en que se produzca su implantación en los Ayuntamientos. Y de los problemas que supone este método para el procedimiento administrativo sancionador (esto es interesante, tal vez más adelante lo tratemos). Pero todo eso no es objeto del presente post.

Conclusión: a día de hoy este sistema en los municipios de la Comunidad Valenciana no es una posibilidad, pero tenemos acceso a soluciones para alcanzar el mismo fin y además incidir en otros intereses necesitados de protección, como pueden ser invertir en campañas de concienciación ciudadana que sean útiles para prevenir las conductas no deseadas, mediante carteles, folletos, charlas e intervenciones específicas, a la vez que también sería posible crear una unidad específica de la policía local para informar a la ciudadanía in situ de sus obligaciones, control de microchips, requisitos higiénico-sanitarios de los animales y vigilancia de estas circunstancias en espacios públicos.

Asumamos todxs desde nuestra posición un cuidado responsable de nuestro animal, porque eso redundará en tener la mejor convivencia, y en fomentar la educación, el civismo y el respeto hacia ellos.